La corrupción y la Reforma Energética

Por María Amparo Casar

17 de septiembre de 2014

A Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo.

A unas horas de que comience a echarse a andar la Reforma Energética, vuelve con fuerza el tema de la transparencia, la corrupción y la impunidad. El efecto de la corrupción es tan corrosivo que puede echar por la borda los propósitos declarados de la Reforma Energética: un mercado competitivo que produzca más hidrocarburos y más electricidad a mejores precios, que se convierta en detonador de un mayor crecimiento de la economía y que fortalezca las finanzas públicas. Si la corrupción acompaña a la apertura del sector energético no habrá la competencia deseada ni los resultados esperados. Lo único que ocurrirá es que los frutos de la corrupción se distribuirán de manera distinta.

El miedo a que se caiga en prácticas de corrupción es válido a pesar de que, después de 75 años, está más que probado que el monopolio estatal del mercado energético no tiene cartas credenciales que mostrar en materia de honestidad y que los frutos del petróleo han servido más para fomentar la pereza fiscal del Estado y para otorgar privilegios que para impulsar el desarrollo. Está más que probado, también, que la mayoría de las naciones que poseen materias primas valiosas que les proporcionan una renta “natural” como el petróleo suelen manejar el recurso con poca pulcritud y eficiencia.

El cambio en la estructura de propiedad —de estatal a mixta o de estatal a privada— tiene el potencial de transformar esta situación, pero nada lo garantiza. Primero porque la corrupción, como casi cualquier mercado, se rige por la oferta y la demanda y no es un fenómeno privativo del sector público. Y, segundo, porque la intervención del Estado no desaparece con la eliminación del monopolio estatal en el mercado energético.

La competencia de mercado, la apertura a la inversión extranjera y el manejo de las empresas con criterios técnicos y económicos en lugar de políticos debiera provocar, al menos en teoría, la transparencia y la vigilancia en todos los tramos de un sector productivo. Se supone que los agentes privados estarán interesados en evitar los actos de corrupción, pues estos aumentan los costos, disminuyen las ganancias y afectan la justa competencia. Si la fuerza motriz de los empresarios es obtener el mayor volumen de ganancias por la inversión realizada, ellos deberían ser los primeros en intentar controlar la corrupción. Desgraciadamente esto no siempre es así. Existen, desde luego, delitos de corrupción que sólo involucran transacciones ilegales entre servidores públicos, pero la mayoría enlazan a un servidor público y a un agente privado. El uno muerde utilizando su poder y, el otro, se deja morder pensando en aumentar sus ganancias.

Por necesidad, por costo de oportunidad o por conveniencia, los inversionistas privados se han vuelto parte del ciclo de la ilegalidad. Los empresarios se quejan de la corrupción, pero la procuran y al menos un sector de ellos ha sido beneficiario de la misma.

El recurso del mercado al problema de la corrupción ya ha sido probado y no ha sido la solución. Hoy en México hay pocas industrias en manos del Estado y aun así nuestro país es ejemplo de una interminable sucesión de casos en los que los funcionarios de los más diversos niveles usan su poder de manera legal o ilegal para dar ventajas a ciertos agentes privados en ciertos sectores productivos; ventajas que se traducen en ganancias extraordinarias; ventajas y ganancias que, de otra manera, no podrían siquiera soñar. Si es de manera legal, lo hacen a través de concesiones, regulaciones o exenciones con nombre y apellido. Si es de forma ilegal, lo hacen a través de información privilegiada, de tráfico de influencias, de comisiones, de concursos amañados, de asignación de contratos, de facturaciones fraudulentas, de compras infladas…

El Estado mexicano seguirá interviniendo en el mercado. Lo puede hacer para corregir las fallas del mercado o para seguir fomentando las rentas o superganancias. Lo puede hacer para frenar los abusos y distorsiones del mercado o para reproducirlos y aumentarlos. Lo puede hacer para fomentar la transparencia, promover la competencia, evitar la corrupción y acabar con la impunidad o para mantener la opacidad, concentrar el mercado, seguir siendo parte de la corrupción y solaparla. Lo puede hacer por la vía legal: a través de favorecer a ciertos grupos, otorgar exenciones fiscales o regulaciones a modo. O, por la ilegal: perpetuando la corrupción.

Después de la reforma constitucional y de la emisión de las leyes secundarias, en materia energética el Estado seguirá encargado de formular las regulaciones, de establecer las instituciones reguladoras, de vigilar que las normas se cumplan y de castigar las desviaciones. Para ello necesita buenas normas, buenas instituciones, buenos reguladores y buenos enjuiciadores. No está fácil.

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