El cobro

Por Roberto Zamarripa

6 de octubre de 2014

La jueza Edith Alarcón, la misma que ha sido acusada por ex trabajadores de Mexicana de afectarles en el juicio de quiebra de la empresa aeronáutica, ordenó el embargo de las prerrogativas del PRD para garantizar el pago de una deuda por 520 millones de pesos que reclama Carlos Ahumada a esa organización.

Desde Argentina, el inescrupuloso empresario revive el episodio que marcó tanto al PRD como la sucesión presidencial del 2006. Pide el pago de un dinero que él puso para salvar las cuentas del PRD dirigido en el momento del apuro por Rosario Robles.

La demanda pone en predicamento a Robles, ahora secretaria de Sedesol, quien había tratado de reinventarse políticamente tras aquel fatal momento donde una historia rosa se convirtió en negra. Pero el fantasma no ha dejado de perseguirle. Según confió a sus nuevos colegas priistas, en plena campaña electoral por la Presidencia de Enrique Peña y cuando ella se sumaba a esa causa, recibió la advertencia de Ahumada de que debía pagarle. Ella asume que en pleno romance con el empresario le firmó un pagaré en blanco y que Ahumada lo usó para perjudicarla… y de paso al PRD. Diez años después el asunto revive.

Puede resultar útil hurgar en los orígenes de Ahumada para saber si hay claves de por qué reaparece peleándose con Robles.

En los inicios de sus actividades empresariales en México a fines de los ochenta del siglo pasado, Ahumada de la mano de Efrén Cadena Hernández y apoyado por el entonces gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, se hizo de la mina de oro y plata “La Suriana”, ubicada en Arcelia, según cuenta él mismo en el libro Derecho de réplica. Posteriormente incursionó en la construcción. Ganó obras públicas en el DF entre 1997 y 2002 con muchos delegados panistas y perredistas.

Uno de sus operadores en la construcción era Tito Emigdio Fernández, quien fue funcionario de Obras en la delegación Iztapalapa y después llegó a Michoacán donde Lázaro Cárdenas Batel lo hizo subsecretario de Obras.

Diversas auditorías exhibieron que la mayoría de las obras eran ganadas con irregularidades por las empresas de Ahumada y de Fernández.

Confrontado con Andrés Manuel López Obrador (gobernante del DF entre 2000 y 2006) y metido en la campaña para hacer a Rosario Robles candidata del PRD a la Presidencia, Ahumada sobornó a políticos perredistas y después los extorsionó. Para cobrarles y/o hundirlos los videogrababa en su oficina donde tenía dispuesto todo un equipo de grabación oculto tras una puerta cubierta con un enorme espejo.

Ahumada exhibió los videos en la televisión y detonó una tremenda crisis de la política en México. Patentó los videoescándalos. Dejó escuela.

Hoy, la videoteca de La Tuta tiene mucha semejanza con el estilo Ahumada. Y las cámaras de grabación que tenía el líder máximo de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, alias El Chayo, en su rancho “La Fortaleza”, semejaban el sistema de espionaje de Ahumada.

Hace un año, cuando el gobierno federal incursionó con tropas y apoyó a las autodefensas para desmantelar a Los Templarios, un grupo denominado Asociación Michoacanos por la Paz y Dignidad, exigió el retiro del Ejército y la Policía Federal de Michoacán. Ese grupo, presuntamente integrado por líderes empresariales, era encabezado por el empleado de Ahumada, Tito Fernández.

Entonces, la senadora panista michoacana, Luisa María Calderón, denunció que dicho grupo civil obedecía a Los Templarios.

La zona de influencia de ese grupo criminal ha sido Tierra Caliente tanto en Michoacán, Guerrero y Estado de México. Cuando La Familia origen de Los Templarios, nacía, Ahumada se movía como pez en el agua en esos estados y ostentaba manejo millonario en efectivo.

Ahumada quiere cobrarse 500 millones pero dinero nunca le faltó. La Procuraduría capitalina que le persiguió en la época de AMLO lo acusó de lavado de dinero, pero no pudo comprobar la procedencia del dinero ilícito. Siempre se cuestionó el origen de su fortuna.

Ahora que Los Templarios son acosados, Ahumada revive un conflicto contra quien fue su aliada y ahora es integrante del gobierno que hostiliza al grupo criminal de origen michoacano. Demasiada coincidencia suponen funcionarios de seguridad del gobierno federal. Dudan que solo quiera cobrar cuentas pasadas.

 

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