Incentivos (y desincentivos) a la corrupción

Por Alejandro Faya

6 de octubre de 2014

La corrupción es un fenómeno multifactorial y, por ende, no obedece a una variable única. Desde luego que existen elementos tanto culturales como institucionales de por medio. Las personas responden a una mezcla de incentivos morales, sociales y económicos. Los morales guían el comportamiento humano conforme a lo que se perciba como correcto y justo, mientras que los sociales están basados en la búsqueda de aprobación y reconocimiento por terceros. Estos incentivos, claro está, se potencializan cuando una sociedad tiene valores colectivos bien anclados, así como un fuerte sentido comunitario, lo que está determinado en gran medida por la cultura, tradiciones, historia, geografía, estructuras sociales y políticas, religión y muchos otros factores. Algunos estudios sobre el desarrollo de África, por ejemplo, han encontrado una simbiosis aparente entre la cultura prevaleciente en ciertos países y los niveles de corrupción existentes. Atacar las causas morales y sociales de la corrupción suena complicado pero, nos guste o no, es parte de la ecuación, sobre todo en una época de consumismo y materialismo exacerbado, conversión de valores, fuerte individualismo y desigualdad rampante.

Pero no estamos condenados a vivir en un ambiente de corrupción mientras no se resuelvan las causas “etéreas”. Aunque el comportamiento humano no necesariamente se reduce a un cálculo racional y egoísta de costo/beneficio (somos más que eso), los incentivos económicos son muy poderosos y, en muchas ocasiones y contextos, juegan un rol preponderante. La fórmula es sencilla: el costo y las consecuencias de corromper o ser corrompido deben ser lo suficientemente severas como para disuadir la conducta en primer término. Siguiendo el análisis clásico de Gary Becker, quien se suma a la actividad criminal considera las ganancias financieras frente a la probabilidad subjetiva de condena/captura y la expectativa de castigo. En este orden de ideas, un sujeto (al que no le muevan los incentivos morales o sociales) delinquiría cuando B(E) > P(E) x C(E), donde B(E) es el beneficio, P(E) la probabilidad de sanción y C(E) el castigo, todos ellos según sean esperados o percibidos por el potencial infractor. Un sistema institucional débil que no castigue la corrupción de forma eficaz y contundente, y donde la impunidad sea la regla y no la excepción, fomenta y dispara la corrupción por razones obvias. Los recientes actos de saqueo y rapiña masivos en Los Cabos son un triste ejemplo de lo anterior.

Aunque la corrupción normalmente está asociada a la actividad gubernamental, ésta no sólo incluye el uso inapropiado del poder o autoridad para propósitos de ganancia individual a costa del interés general, sino cualquier acto que implique quebrantar o distorsionar una regla para provecho propio, lo que sucede también en el seno de organizaciones privadas o sociales. La corrupción es un devastador cáncer que mata todo lo que encuentra a su paso: debilita la democracia, erosiona los fundamentos sociales, debilita la capacidad del Estado para generar bienestar y saca la peor versión de personas y empresas. En materia económica constituye uno de los grandes disuasivos para la inversión, ya que favorece un ambiente de incertidumbre, desvirtúa el proceso de competencia y propicia un desvío de recursos que no sólo afecta la posición productiva de la empresa, sino que alimenta el problema mismo. La corrupción hace que los países, sobre todo los más pobres, pierdan cantidades monumentales de dinero (se ha estimado que la corrupción cuesta anualmente más de 5 por ciento del PIB mundial). Por otro lado, la ausencia de corrupción es un potente catalizador de desarrollo, pues simple y sencillamente hace que todo funcione como debe ser; no es casualidad que los países con menores grados de corrupción, como los escandinavos, son también los más prósperos y los que mejor nivel de vida ofrecen a sus habitantes.

Todos los esfuerzos -de donde sea que vengan- encaminados a fomentar la cultura de la legalidad, honestidad, civilidad, responsabilidad individual y empresarial, entre otros, son muy relevantes en la medida en que puedan ir cambiando patrones indebidos. En el horizonte inmediato, la mejor apuesta debe ser el fortalecimiento de las instituciones, lo que incluye el combate frontal a la corrupción con un enfoque de tolerancia cero, la reducción de los espacios innecesarios de discrecionalidad, la profesionalización de los servidores públicos y la intensificación de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esto es esencial para que cualquier país funcione y tenga perspectivas de desarrollo, más aún en épocas de cambios y transformaciones.

 

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