2 “P’s” pendientes

Por Denise Dresser

3 de noviembre de 2014

Las dos “P’s” que nos persiguen, nos acechan, nos recuerdan lo que no funciona y lo que falta por hacer. Nuestros grandes pendientes que nadie quiere tocar. O cambiar. O modificar. O encarar. Esos terrenos prohibidos de la política pública que explican en gran parte los problemas perennes de impunidad y violencia. La Procuraduría y la Policía. Dos brazos del Estado que deberían caminar de la mano de la ciudadanía pero acaban estrangulándola. Procuradores politizados y sometidos junto con policías mal entrenados, sin reglas explícitas para normar su actuación. Dos instituciones que reformas mal pensadas no alcanzan a modernizar lo suficiente para que sirvan a la población y no a la clase política.

Demostrado en tiempos recientes por la parálisis de Jesús Murillo Karam frente a las denuncias -no atendidas- sobre el comportamiento del alcalde de Iguala, o su involucramiento tardío en el caso de Tlatlaya. Demostrado por la brutalidad de la policía en Ayotzinapa. Una intervención ilegal en la que tres normalistas terminan asesinados. Un ataque inexplicable en el cual la policía dispara contra civiles sentados en un autobús. Un desenlace fatídico en el cual la policía entrega a 43 detenidos al crimen organizado. Y la crítica se ha centrado en todo lo que Ángel Aguirre debió saber y no supo, debió responder y no respondió. Y en la perplejidad de un gobierno federal que no sabe cómo responder ante la dimensión de lo ocurrido. Y en el presidente municipal de Iguala coludido con Guerreros Unidos. Y en los cadáveres que las 19 fosas arrojan, pero no los que estamos buscando. Críticas importantes pero insuficientes.

Porque la raíz del problema tiene que ver con los procuradores y con los policías. Procuradores sin autonomía para investigar y policías sin estándares profesionales para aprehender. Procuradores que no actúan porque no tienen permiso político del Presidente para hacerlo y policías que no saben cómo detener a alguien, cómo interrogarlo, ya que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla estos temas. Lagunas y huecos y vacíos que nuestras leyes no quieren o no pueden contemplar. Llevando así a procuradores que no procuran justicia y a policías que no entienden de qué manera asegurar la ley y el orden. Policías como la de Cocula, donde alguien cambió las bitácoras de operación de las patrullas y las actividades de los agentes. Donde alguien modificó los números de las unidades para tratar de ocultar su participación.

Y por ello no importa que Enrique Peña Nieto haya declarado que su gobierno “emprendió labores de coordinación con las instancias de procuración de justicia (…) para el debido esclarecimiento”. De nada va a servir esclarecer los hechos si no se modifica profundamente la dinámica que los produjo. La impunidad sin fin generada por procuradores que no son autónomos y policías que no son profesionales.

Jesús Murillo Karam es producto de ese modelo -basado en la subordinación política de la PGR- y por ello no debe ser procurador cuando entre en vigor la reforma a la institución que preside. Un funcionario omiso que nunca investigó en el pasado no lo va a hacer en el futuro, sobre todo cuando fue nombrado por el Presidente y, según la nueva ley, todavía puede ser despedido por él. Un funcionario indolente que ignoró las señales en Ayotzinapa no tendrá la capacidad para entenderlas más allá de ese lugar. Un funcionario ineficaz que encuentra 19 fosas pero no 43 normalistas no podrá lidiar con las que seguramente vendrán. Un funcionario cuyo comportamiento siempre estuvo regido por imperativos políticos y partidistas no sabrá cómo actuar con la autonomía que la nueva ley le exige, ni entenderá los controles técnicos y legales a los cuales se debería someter. Nació y creció atendiendo las peticiones del Presidente y hoy no sabe cómo mover un dedo sin su aprobación.

En cuanto a la policía, entregó a 43 normalistas al crimen organizado porque actuó como aquello en lo que se ha convertido en este país. Actuó como una fuerza mercenaria que se vende al mejor postor. Y eso no cambiará si no hay un buen posicionamiento salarial y técnico. Si no hay una buena ley nacional que obligue a la policía a documentar y hacer públicas sus interacciones con los ciudadanos, durante su aprehensión e interrogatorio. Si no hay un esquema de servicio civil apropiado con incentivos adecuados. Porque si no logramos eso, las 2 “P’s” pendientes seguirán siendo sinónimos de delitos impunes y detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas. Sinónimos de podredumbre.

 

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