Llegar sin Estado

Por Carlos Elizondo Mayer-Serra

15 de noviembre de 2014

Según Francis Fukuyama en su más reciente libro, Political Order and Political Decay, casi todas las democracias que hoy funcionan bien surgieron una vez que se tenía un Estado fuerte, basado en leyes y con rendición de cuentas por parte de la autoridad. Eran Estados autoritarios, pero operaban desde la discrecionalidad.

En contraste, México transitó hacia la democracia sin haber logrado antes un Estado basado en una burocracia honesta y eficaz que administrara y ejecutara imparcialmente un marco jurídico de reglas claras, parejas y justas. El orden priista era el del gobierno desde el poder, no desde la ley; desde la negociación, la discreción, el favoritismo y la opacidad, no desde la imposición de reglas equivalentes para todos, con transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los pocos países que llegó a la democracia sin haber construido antes un Estado fuerte y eficaz fue Estados Unidos. A principios del siglo XX el gobierno de nuestro vecino era débil y corrupto, mandaban los empresarios más ricos, y no había un servicio civil de carrera. Quien ganaba una elección colocaba a sus amigos en la burocracia. La presión de las clases medias aliadas con ciertos sectores empresariales impulsó un movimiento político llamado Progresista, el cual impulsó la creación de un Estado eficaz. Fue un largo proceso que tomó más de 50 años.

Si bien en México llegamos a la democracia sin tener un Estado eficaz, hay algunas áreas donde existen instituciones que funcionan. En ellas descansa en parte nuestra estabilidad. Tal es el caso del Banco de México y del INE.

Las reformas aprobadas en los últimos meses buscan construir más Estado a través de nuevos órganos autónomos, como la Cofece, el IFT y el IFAI. El reto es hacer lo propio en dos temas centrales: el combate a la corrupción y la seguridad. Si bien buscar combatir la corrupción fue parte integral del Pacto por México, no se cumplió la promesa. La oposición prefirió no imponerle al PRI instituciones fuertes y autónomas en la materia que pudieran ser usadas también en su contra.

El problema de la seguridad fue dejado a un lado. El gobierno pensó que bastaba con que no se hablara mucho del tema en los medios de comunicación, a diferencia de la administración anterior, y coordinarse mejor para tratar de corregir los principales indicadores. Poco ha hecho por fortalecer las instituciones que se requieren para sostener un Estado de derecho, desde las policías al Poder Judicial. En este sexenio ya se han dado más de 18 mil ejecuciones presuntamente vinculadas al crimen organizado y seguimos como en el anterior sin siquiera tratar de sancionar a los responsables.

Hay una gran indignación en torno a los 43 normalistas desaparecidos y aparentemente asesinados. No podía ser de otra manera. Lo increíble es que tengamos que llegar a este nivel de horror para indignarnos y movilizarnos. El reto como sociedad es que este enojo sirva para construir, ahora sí, un Estado más eficaz.

No parece ser éste el objetivo del núcleo duro de quienes han salido a la calle. No los veo demandando más y mejores policías, ministerios públicos y jueces. Es comprensible dada la poca confianza en nuestro sistema de justicia, pero la diferencia es más de fondo. Para ellos la violencia ha sido siempre un instrumento político. Ahora, con un gobierno incapaz para evitar lo sucedido en Iguala, tienen más espacio para actuar.

Más empleos podrían disminuir la oferta de jóvenes en las calles, sin futuro y, por tanto, la violencia. Sin embargo, ésta crea peores condiciones para la inversión y, por tanto, para la creación de empleos. Por ello el primer paso es tener burocracias, policías, ministerios públicos y jueces fuertes, honestos, competentes y con controles eficaces para asegurar que no sean empleados del crimen o usen ese poder para promover sus propios intereses.

Si no hemos tenido instituciones fuertes y honestas es en buena medida porque a las élites no les ha convenido. Cuando la élite política decidió que necesitaba reglas parejas y burocracias competentes para administrar los procesos electorales, invirtió en ello y se avanzó mucho en ese sentido. Pero en general las élites viven cómodamente en un mundo donde el dinero y el poder les permiten enfrentar menos restricciones que a sus contrapartes en países con instituciones sólidas.

No está en los genes de ninguna élite un Estado de derecho para todos. Iguala es revelador al respecto. Según me comentó un empresario de ese municipio, el exalcalde Abarca había logrado sacar a los ambulantes del centro de la ciudad y los secuestros y extorsiones a los comerciantes se habían erradicado. Se sabía que lo había logrado asesinando gente, pero para ciertos sectores sociales era un precio a pagar por el orden que se había logrado.

Como ya se vio, imponer el orden con métodos criminales termina mal. Esos métodos los puede usar también para matar a un adversario. La propia lógica de las instituciones federales que muchas veces acribillan a los presuntos sicarios sólo genera nuevas espirales de violencia. El orden se debe lograr desde el Estado de derecho. Sólo esta estrategia es estable y moralmente deseable.

Ese orden debe imponerse primero a la élite. Se requiere un gobierno que muestre tener la voluntad para fortalecer al Estado, aunque se afecten intereses cercanos al poder. Llegamos a la democracia sin tener un Estado eficaz. No será fácil mantenernos ahí mucho tiempo si no aprovechamos esta emergencia para construirlo.

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