Responsables y culpables

Por Christopher Domínguez Michael

6 de diciembre de 2014

A una parte de los ciudadanos nos sorprende que la gran mayoría de las víctimas del crimen organizado y de quienes se solidarizan con ellos no se manifiesten contra los sicarios que mataron a su gente. Es natural, es urgente, desde luego, que el reclamo más estruendoso se dirija contra un Estado omiso en cumplir con la primera de sus obligaciones, la de garantizar, mediante el monopolio de la violencia legítima, la seguridad de sus ciudadanos. Monopolio que, en México, no es tal: los gobiernos, sobre todo los estatales y los municipales, lo comparten con el crimen organizado, como lo demostró, y nunca se olvidará, la tragedia de Iguala. Hace unos años, tras el asesinato de su hijo Juan Francisco, el poeta Javier Sicilia lo dijo con claridad: de esa muerte, el gobierno federal no era culpable, sino responsable.

Pero si todos estamos de acuerdo sobre quién es el principal responsable, reina el desacuerdo en cuanto a los culpables. Partiendo de la premisa, justa, de que con los criminales ni se habla ni debe negociarse, se da inmediatamente un paso más allá, perverso, basado en que casi toda la izquierda, que es la que con excepciones como la marcha blanca de 2004 se moviliza, considera que el crimen organizado y el narcotráfico homicida son daños colaterales de la violencia estructural del Estado neoliberal contra los pobres, de la globalización contra los ciudadanos, etcétera. Así, se amnistía -pocos lo dicen abiertamente- a los criminales, aun a los más despiadados, porque son también víctimas de una sociedad injusta y de un Estado depredador: han tomado un camino equivocado pero abandonarían su error si reinase la justicia universal. Esa visión del mundo, que reducida al absurdo exonera a genocidas como Hitler o Mao por haber sufrido, acaso, maltratos infantiles, impide un consenso nacional contra el terrorismo criminal y hace una evaluación obsoleta de lo que es el narcotráfico en el mundo contemporáneo, ese sí, el más salvaje de los mercantilismos. También permite que la protesta de la izquierda sea sólo contra el Estado y no contemple a esos miles de mexicanos que, de grado o de fuerza, asesinan a sus compatriotas. Los únicos que interpretaron correctamente los hechos y pasaron a asumir sus consecuencias fueron las autodefensas michoacanas, por más erráticas que hayan sido o sean.

En estos días he escuchado decir a amigos de la izquierda que “sólo” el Ejército pudo desaparecer a los 43 normalistas, como si esa certidumbre anquilosada de los años setenta les permitiera dormir tranquilos. Por desgracia, todo es más complicado porque toda tragedia es política. A la izquierda radical, la noche de Iguala le dio la causa que necesitaba para agudizar las contradicciones, como reza su catecismo. No podía ser de otra manera, la Normal de Ayotzinapa es uno de sus viveros y ese crimen les ha tocado en el corazón. Culpan de él al Estado en general y en particular; gracias a sus mártires redoblarán su celo y su energía en lo que consideran su lucha revolucionaria. Horriblemente, la historia enseña que cada parroquia llora más a sus muertos que a los del vecino: los anónimos migrantes asesinados en San Fernando, las calcinadas señoras del Casino Royale en Monterrey que fueron caricaturizadas como ludópatas, los cientos de desaparecidos en Coahuila, no venían del linaje heroico del guerrillero Lucio Cabañas.

No sólo son bienvenidas las reformas que desmantelan a las policías municipales. Ante un gobierno paralizado ante el crimen organizado e impotente ante el vandalismo de la ultraizquierda (con frecuencia infiltrada en México por agentes provocadores), es necesario soñar con una reforma moral que vaya más allá del victimismo de la izquierda y haga de cada asesinado un verdadero ciudadano, honrado unánimemente por lo que Jürgen Habermas llama el patriotismo constitucional: lo único que puede unir a los individuos, en su diversidad, en una democracia.

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