Dexiocracia

Por Jesús Silva-Herzog Márquez

8 de diciembre de 2014

La crisis de México es, también, el mayor desafío para la crítica del poder. Las categorías, las ideas, los cuentos que nos hemos hecho para entender nuestro presente no parecen útiles para comprender la dimensión de nuestro aprieto histórico. Hay que pensar de nuevo. La crisis que vivimos no se detiene en el desplome de la credibilidad de un presidente, no es simplemente un brete del gobierno es, estrictamente, una crisis de régimen. El arreglo político que emergió de una larga secuencia de reformas electorales, eso que llamamos “la transición” parió una criatura grotesca que hoy resulta inaguantable. Es cierto que el paisaje cambió: el partido hegemónico perdió elecciones, los gobiernos locales se liberaron del control central, la izquierda gobierna desde hace lustros la capital de la república, se expandió en ciertos lugares la crítica. Nada de eso es espejismo y, sin embargo, nada de eso es suficiente para lograr una política que asiente la paz, que permita convivencia y que se controle a sí misma.

El encendedor de las elecciones no fue suficiente para implantar un régimen que merezca calificativo de democrático. Tal vez ahí estuvo nuestra ingenuidad. Creer que la alfombra electoral puede extenderse en una casa sin piso. Desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad. Llegamos a la competencia partidista sin haber cimentado un orden basado en el derecho. Las rivalidades partidistas han instaurado una disputa cínica o bárbara por los dividendos de la política. Dejo el plural para asumir la primera persona del singular al hablar de la ingenuidad de la película imaginada. Pensé que el dispositivo de la competencia instalaría una dinámica virtuosa que tarde o temprano reacomodaría el poder para servir a los electores y para limitar los abusos. No imaginé el paraíso pero sí el ensanchamiento de la representatividad y el control. Ahora entiendo que lo que veía como tareas pendientes de la democracia mexicana eran en realidad, defectos de nacimiento.

Pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos? Dexiocracia, tal vez. Siguiendo la pista de Gabriel Zaid, quien imaginaba para gloria de México una ciencia de la corrupción, podríamos nombrar con esa palabra nuestro acomodo político contemporáneo. Si democracia viene del griego, este régimen puede tomar prestadas palabras del mismo idioma: dexis: mordida; cratos: gobierno. El gobierno de la corrupción, del soborno, de la ilegalidad, de la confusión de los intereses. Y la corrupción, naturalmente, como el nido donde se aparean crimen y gobierno.

Después de siete décadas de ejercer un poder sin restricciones institucionales, el PRI heredó una estructura carcomida por la ilegalidad. Lejos de ser un monopolio empleado para fincar Estado, el autoritarismo mexicano sirvió para propagar complicidades. Una política dedicada a alimentar la ilegalidad. La perversa herramienta de gobierno se volvió régimen, regla y hábito. La política mexicana no se sirve de la trampa, sirve a la trampa. Como el régimen porfiriano, el priismo tejió amistades para no construir instituciones. Al dejar el poder, los priistas entregaron al PAN un calendario de extorsiones por vencer. Los panistas pagaron puntualmente la cuota, dando segunda vida al régimen de la corrupción. Lo llamo régimen para subrayar que envuelve a la sociedad y al gobierno, a la izquierda y a la derecha, a la federación y al municipio. La ruptura que no hubo fue esa: la corrupción ha sido la cuerda intocada de la política mexicana.

La salida de esta crisis no está en la “superación de dolor” como dijo el presidente Peña Nieto. No está tampoco en la aceleración de sus reformas. Está en la instauración de lo elemental que es, entre nosotros, inédito: la ley. Y como la ley ha de colocarse como tabla de confianza, debe empezar por el principio, por lo ejemplar. Para ser creíble, debe comenzarse por la activación de los canales institucionales que la complicidad ha tapado. El Congreso mexicano debe refundar su legitimidad asumiendo su función democrática. Establecer ya las comisiones de investigación que aclaren o castiguen el conflicto de interés en el que, presumiblemente, está envuelto el Jefe del Estado mexicano. Si ellos quieren pasar página, habría que exigir que, primero, se lea completa. La salvación de nuestro precario pluralismo está en el conflicto.

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