La libertad de expresión en Francia: el debate no es hipotético

Por Farid Kahhat

25 de enero de 2015

La marcha reciente en París en contra del terrorismo y a favor de la libertad de expresión suscitó algunas controversias. Por ejemplo, el Gobierno de Turquía objetó la presencia del Primer Ministro de Israel, y éste a su vez exigió una condena internacional a las expresiones del Gobierno turco.

La paradoja es que, a juzgar por fuentes independientes, ambos tenían razón. Por citar un caso, según la organización Reporteros Sin Fronteras, el Gobierno israelí dio muerte a 12 periodistas palestinos durante el conflicto en Gaza de 2014, siete de los cuales fueron asesinados “en conexión con su trabajo”. En cuanto a Turquía, baste decir que, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ese país ocupa el puesto 154 sobre un total de 180. Lo cual debería recordarnos que, cuando se trata de restringir la libertad de expresión, nadie lo hace con mayor fruición que los gobernantes.

En ocasiones tales restricciones protegen derechos individuales, sin suscitar mayor controversia (como las normas sobre difamación y calumnia). Pero en otras ocasiones las restricciones oficiales a la libertad de expresión son cuando menos controvertibles bajo un Estado de Derecho.

Contra lo que podría sugerir el debate en torno al caso de Charlie Hebdo, el Estado francés incurre en forma regular en esa segunda categoría.

El punto de partida de este debate parece evidente: las personas tienen derechos, las creencias, no. Luego entonces son las personas, no sus creencias, quienes merecen protección bajo la ley. Si las creencias pueden ser objeto de sátira, también pueden serlo sus símbolos. Luego entonces Charlie Hebdo tenía derecho a publicar en portada la caricatura de un islamista egipcio siendo acribillado a través de un ejemplar del Corán (cosa que, de hecho, ocurrió), bajo una leyenda que reza: “El Corán es una mierda: no detiene las balas”.

¿Podría alguien cambiar en esa imagen el Corán por una bandera de Francia o por el texto de la Marsellesa? No si eso ocurre “durante un evento organizado o controlado por las autoridades públicas”, según una ley de 2003, que contempla una multa de 7 mil 500 euros y una pena de hasta seis meses de prisión por tal ofensa. ¿Podría alguien cambiar en la imagen al islamista por un periodista de Charlie Hebdo, y al Corán por un ejemplar de esa revista, acompañada de una leyenda que diga “Charlie Hebdo es una mierda: no detiene las balas”? Las autoridades francesas parecen haber convertido esa en una pregunta retórica: según reportes de prensa, un menor de edad fue detenido en Francia por hacer precisamente eso en las redes sociales. La detención, junto a la de otras 68 personas hasta el 16 de enero, fue en aplicación de una ley de noviembre de 2014, que convierte en una ofensa criminal la “Apología del Terrorismo” (cargo que la ley define de manera imprecisa, por lo que representa un riesgo para la libertad de expresión, según Amnistía Internacional).

¿Podría alguien, por último, sustituir el Corán por la Torá y al islamista por un judío ortodoxo? No lo sabemos con certeza, pero existen normas que, como la “Ley Gayssot” de 1990, proscriben el racismo, la xenofobia y el anti-semitismo. Sabemos en todo caso que el editor de Charlie Hebdo prefirió no correr riesgos y despidió en 2008 al caricaturista Maurice Sinet por negarse a presentar disculpas públicas por comentarios que había hecho sobre el hijo del entonces Presidente Nicolás Sarkozy, y que fueron considerados anti-semitas.

Podría alegarse que lo que la Ley Gayssot prohíbe es la discriminación por razón de raza, etnia, nacionalidad o religión, y por ende protege a las personas, no sus creencias. Pero esa ley va más allá y prohíbe también bajo penas de multa y prisión cuestionar la existencia de “crímenes contra la humanidad”, como el Holocausto. El Holocausto es, por cierto, un genocidio comprobado, no una mera creencia. Pero también es un crimen comprobado de lesa humanidad el que se cometió contra los armenios en Turquía durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y sin embargo ,negar ese crimen no está penado bajo la Ley Gayssot, por decisión del Consejo Constitucional de Francia.

Precisamente por los riesgos que implica establecer la verdad histórica por decisión política (y bajo amenaza judicial), y porque se antepone el derecho a la libertad de expresión a la conveniencia de restringir prácticas como la incitación al odio, democracias occidentales como los Estados Unidos no tienen leyes similares. Aunque, incluso en ese caso, el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense, ha sido acotado por fallos de la Corte Suprema.

Hasta ahora nos hemos referido a casos en los que jueces independientes se limitarían a aplicar la ley, pero invocando normas que permiten restringir derechos ciudadanos cuando hay riesgo de disturbios, el entonces Ministro del Interior (y hoy Primer Ministro), Manuel Valls, solicitó en 2013 una reunión de urgencia del Consejo de Estado francés para que prohibiera las presentaciones del comediante Dieudonné. Valls, sin embargo, fue claro sobre la motivación de su iniciativa, al alegar que Dieudonné “ya no era un comediante” (sic) sino “un antisemita y un racista”. El punto no es si Valls tenía o no razón, sino que, como señalara la Liga por los Derechos Humanos -creada en 1898 para combatir un connotado ejemplo de antisemitismo en Francia: el caso Dreyfus-, “la libertad de expresión no se puede censurar de forma preventiva, y deben ser los jueces quienes decidan a posteriori si hay o no un delito de opinión”.

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