Aires de regresión

Por Carmen Aristegui

(Publicado el 20 de febrero de 2015)

En varios frentes y de manera acelerada se viven procesos, en México, de regresión autoritaria.

A partir de diciembre se pueden identificar, con suficiente claridad, los embates contra la transparencia, la anticorrupción y la democracia; algunos impulsados, directamente, desde la Presidencia de la República.

La intervención directa de la Consejería Jurídica en varios de estos frentes pone de manifiesto intenciones del gobierno de Peña Nieto para cerrar espacios ganados en esas materias e impedir que se abran otros que quedaron comprometidos a partir de la firma de pactos cupulares como el Pacto por México.

A partir de las últimas semanas del año pasado, se empezó a torcer el camino en temas como el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se había avanzado para instaurarlo se trastocó de la noche a la mañana.

Surgido de alguna catacumba apareció un documento que planteaba la creación de una suerte de consejo nacional de “integridad pública”, como órgano rector del tema. Un organismo que estaría presidido por el Ejecutivo y los gobernadores del país.

El disparate era de tal tamaño que, obviamente, no podía prosperar. Sin embargo logró descarrilar o por lo menos retrasar el proceso que estaba en curso. De un momento a otro, se dará a conocer el dictamen que deberá ser discutido por los legisladores y veremos si impera la apertura o prospera un modelo regresivo.

En materia de transparencia y acceso a la información, también en estos días se introdujo, subrepticiamente, en documentos para la nueva Ley General un conjunto de ideas que apuntan a dificultar o impedir el acceso a la información. Se pretende cerrar la puerta a lo que ya se tenía ganado. Por ejemplo, impedir que se tenga acceso a información con versiones públicas de averiguaciones abiertas en donde se hayan cometido violaciones graves a derechos humanos, como los casos Ayotzinapa, Tlatlaya o San Fernando. El IFAI ha medido los riesgos de lo que se pretende. Sus siete comisionados se apersonaron en el Senado con un decálogo de preocupaciones. Se espera que logren revertir este intento regresivo.

En el tema de telecomunicaciones el IFT tomó, hace unos días, una decisión que afecta a las finanzas públicas, al haber exentado de pago o contraprestación a las televisoras que van a hacer uso y explotar comercialmente la multiplicación de canales producto de la multiprogramación. Sin embargo lo más grave es que no quedó garantizada la diversificación y pluralidad de los contenidos. Habrá muchos más canales para el duopolio, pero nada garantiza nuevos y/o mejores contenidos. Esa no puede ser una buena noticia para la democracia.

En el ámbito electoral, se ha echado a andar una maquinaria a favor del Partido Verde, extensión orgánica del PRI, que sincroniza sus mensajes con programas y promociones gubernamentales. Se trata de una campaña excedida que ha provocado amonestaciones que no han sido atendidas, franco desacato. Aun antes de empezar las campañas, se habían dinamitado condiciones básicas para la equidad.

Partidos de oposición denuncian que una franja mayoritaria de consejeros se ha apoderado del INE y que actúan de manera parcial a favor del PRI. Con polémicas razones, esa mayoría decidió posponer la discusión sobre las “Normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos”. Frente a lo que está pasando, la posposición provocó una crisis. Siete de 10 partidos se levantaron de la mesa.

Hay preocupaciones serias para la equidad y la transparencia. Fue revocado el contrato a la empresa que operaría el sistema para vigilar en línea a partidos, candidatos y campañas. Será el propio INE quien desarrollará ahora el sistema. La fiscalización de campañas, partidos y candidatos en tiempo real como lo marca la nueva legislación será la prueba de fuego del Instituto. El fantasma del “Monexgate” reapareció, de madrugada, esta semana. El Tribunal Electoral exoneró al PRI de lo que quedaba de aquel escándalo. ¿Con la nueva ley y la fiscalización que hará el INE se garantiza que no habrá más estructuras paralelas que concentren cantidades millonarias de recursos de procedencia desconocida, en cuentas de empresas fantasmas relacionadas con personajes de algún partido político que, después, se encargará de dispersarlos a través de tarjetas Monex o de cualquier otra institución financiera o bancaria en tiempos de campaña?

En lo electoral, en combate a la corrupción, en transparencia y en la configuración y recambio de los órganos autónomos del Estado, como la Suprema Corte, hay motivos para manifestar preocupación.

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