La crisis de “Big Brother”

Por Raymundo Riva Palacio

(Publicado el 27 de febrero de 2015)

Fernando del Rincón es un polémico periodista mexicano que trabaja para CNN en español y conduce de lunes a viernes en una de las tres horas del horario estelar de televisión a todo Estados Unidos y América Latina, un programa de comentarios y entrevistas llamadoConclusiones. Tiene uno de los ratings más altos de la televisión hispana y lo siguen casi dos millones de personas en Twitter. Es decir, es un periodista bastante popular, seguido y con credibilidad. Por eso no puede minimizarse, si es el gobierno de México, lo sucedido hace unos días cuando en Miami los escoltas del Estado Mayor Presidencial de la primera dama, Angélica Rivera, trataron de intimidarlo y obligarlo a que les entregara su teléfono celular para que borraran todas las fotografías que pudo haber sacado de ella.

La señora Rivera no estaba en un lugar privado, sino público, en un restaurante y aparentemente con una familia amiga de ella y sus hijos. En la mesa contigua estaban Del Rincón, su esposa y unos amigos, y le sacaron una fotografía a la primera dama. Lugares públicos, dicen los criterios éticos en el trato de la prensa con personas públicas, son espacios donde éstas pueden ser sujetas a escrutinio y registro de hechos. No hubo ningún acto excesivo como suelen hacer lospaparazzis, pero los miembros del Estado Mayor Presidencial, violentando incluso leyes de otro país, cometieron un atropello en su contra.

El abuso no quedó sin registro. Rápidamente subió las fotografías en su cuenta de Twitter –dijo que como medida de seguridad–, y este miércoles en su programa continental difundió masivamente lo que sucedió: “Con una mirada inquisitiva me veían a mi y a mi mujer, sin cenar, sólo viéndonos”. Habló sobre los escoltas, que al salir del restaurante le pidieron su celular. Esto, agregó, “conlleva muchos atropellos y atrevimientos contra un periodista y su familia, pero además, hacerlo en territorio extranjero es reprobable”. La oficina de la primera dama envió un comunicado a CNN donde dijo haber registrado “el incidente” y que darían una respuesta a él, cosa que no ha sucedido. “Como mexicano –dijo Del Rincón–, espero una respuesta, como periodista denuncio lo ocurrido y como ser humano lo repruebo”.

Este tema no es frívolo, como algunos han sugerido en México. El incidente, que no pasa de ser un absurdo atropello del Estado Mayor Presidencial, tan rígido en las pequeñeces, tan laxo e incompetente en temas de seguridad nacional –como permitir que vuelen juntos el presidente y el secretario de Gobernación, sin reparar en la crisis constitucional ante la eventualidad de un accidente fatal–, es parte de un patrón de conducta en la Oficina de la Presidencia que no termina de encontrar qué modelos de control puede ejercer sobre los medios de comunicación en México, bajo la lógica de que en la brutal y cruel crítica actual a Peña Nieto –como a ningún otro presidente en la memoria, y menos aún en el arranque del segundo tercio del sexenio–, lo importante no es quién la hizo, sino quién se las paga.

La Oficina de la Presidencia avala que la PGR esté realizando investigaciones sobre periodistas críticos, y que las áreas de seguridad intervengan teléfonos y sigan a sus detractores. Permite amenazas implícitas como el envío de sobres anónimos con las fotografías de los hijos de quien les señala sus errores. En uno de los momentos de mayor intento de control, en diciembre pasado pidió a todos los jefes de comunicación en el gobierno federal una lista de todos los periodistas con quienes tienen amistad o relación. La idea de esa relación se puede interpretar en dos líneas: por un lado detectar cuáles pudieran ser las fuentes de información de periodistas críticos, y por el otro, saber con quién y cuántos podrían contar para que les ayuden en sus esfuerzos propagandísticos. En este contexto, algunos altos funcionarios en esas áreas quisieron reclutar periodistas de renombre para que sirvieran de megáfono a los que les proporcionara la Oficina de la Presidencia, sin que tuvieran éxito en su atrevida iniciativa.

La piel en la Oficina de la Presidencia está muy sensible desde hace un buen tiempo. En este mismo espacio se refirió en diciembre una entrevista del jefe de esa oficina, Aurelio Nuño, con el diario español El País, donde el hombre más cercano a Peña Nieto afirmaba: “Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas”. “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”, dijo. Nuño no ha dejado de repetirlo, palabras más, palabras menos, en otros encuentros privados con periodistas extranjeros. No quiere saber nada de la crítica, ni del disenso.

Cuando se escucha ese tono beligerante, y se junta con las actitudes que toman policías y militares en el entorno presidencial, el tufo del ‘Big Brother’ de George Orwell –su novela 1984 habla de una sociedad donde se manipula la información y hay vigilancia masiva con represión política y social– empieza a volar de manera ominosa sobre los cielos mexicanos. Ya no hay síntomas, sino realidades. El abuso de las escoltas de la señora Rivera es la primera secreción pública de intolerancia, agravada por provenir de una parte del entorno presidencial, en donde el poder es casi absoluto.

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