No son los maestros, es la guerrilla

Por Raymundo Riva Palacio

Publicado el 5 de junio de 2015 (El Financiero)

El 29 de octubre de 2006, fuerzas federales entraron al Centro Histórico de la capital de Oaxaca y rompieron barricadas con vehículos antimotines que disparaban agua a presión. Hubo disparos y muchos gases lacrimógenos lanzados en esa operación con la que se terminó con un conflicto de cinco meses mediante el cual la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, quiso derrocar al gobernador Ulises Ruiz. Al final no lo logró, pero lo que parecía un fracaso en aquel entonces de los grupos más radicales, no lo fue. Oaxaca sirvió como laboratorio para probar estrategias de guerra de guerrillas urbanas al EPR, y empezar su rearticulación nacional.

El trabajo del EPR en Oaxaca lo encabezó Constantino Alejandro Canseco Ruiz, el comandante José Arturo, miembro de una de las tres familias fundadoras de la guerrilla, captado varias veces por las cámaras del Cisen dando instrucciones en las movilizaciones, durante la larga ocupación de la capital oaxaqueña. El conflicto creció del enfrentamiento entre el gobierno de Vicente Fox y el de Ruiz, que afectó la negociación salarial con la Sección 22 del magisterio. La descomposición en las élites dio nacimiento a la APPO, obsesionada con tumbar al gobernador, y en esa coyuntura, el EPR infiltró organizaciones fachadas en la APPO y activó sus “liderazgos” dentro de la dirigencia magisterial, para tomar el control del movimiento.

Oaxaca iba a ser el momento en el cual iniciaría hostilidades abiertas contra el Estado mexicano, pero la dirigencia reculó. No serían ellos los agresores, sino buscarían la provocación. Antes profundizarían en la creación de frentes de masas que les dieran cobertura política. El problema para la guerrilla no es el tiempo, sino la creación de condiciones para la insurrección. Veintitrés organizaciones fachada y 17 “asambleas populares” fueron creadas en Oaxaca, que reprodujeron en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y la ciudad de México. Fue el comienzo de la construcción del “poder popular”, como llaman en sus documentos, que trasladarían “al nivel nacional”.

Casi una década ha pasado desde que inició la marcha hacia la insurrección, cuyos esfuerzos están reflejados en vísperas de las elecciones del domingo. La organización sectaria que era, tiene hoy ramificaciones en organizaciones obreras, campesinas, indígenas y urbano-populares. El catalizador fue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el detonador, el boicot a las elecciones federales. El grupo articulador visible es la Coordinadora magisterial, disidente del sindicato, infiltrada por el EPR e ingenuamente fortalecida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con dinero, plazas y posiciones políticas. Con presión, la disidencia magisterial obtuvo el control de la educación en Oaxaca y Michoacán, y cogobierna en Oaxaca y Guerrero. No necesitaron las armas. La vía política les ha ido ganando los espacios.

El cambio comenzó hace cuatro años. En este mismo espacio se reportó en junio de 2011 que el EPR, que tardíamente entendió que la vía militarista no era una opción real tras la caída del Muro de Berlín, empezó a modificar su discurso dogmático –incorporó menos lenguaje marxista-leninista en sus comunicados– e intensificó su penetración en la sociedad civil. En el enfrentamiento de normalistas de Ayotzinapa con la Policía Federal en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, había células del EPR entre los manifestantes provocando a las fuerzas federales.

Desde mayo de 2012 surgieron llamados claros a la insurrección. En junio de 2013 se publicó en este mismo espacio que el EPR se encontraba en movimiento con sus dos brazos, el ideológico-estratégico en Oaxaca, y el táctico-operativo en Guerrero, trabajando sus frentes de masas en el magisterio y en las organizaciones sociales, para construir las condiciones que los llevara al brote insurreccional planteado en sus comunicados un año antes.

Quien galvanizó el descontento antisistémico fue la CNTE, en particular la Sección 22, que controla la Coordinadora, que ha sido fuente de cuadros para el EPR. En un comunicado difundido en mayo de 2013, afirmó: “La lucha del magisterio democrático en el plano nacional es parte del conjunto de la lucha que emprende el pueblo trabajador en defensa de sus derechos y la legítima exigencia de solución a las demandas escamoteadas por el poder burgués…”.

Todavía no comenzaban las movilizaciones en la ciudad de México, ni escalaba el conflicto a la confrontación abierta. El EPR no ocultaba sus intenciones, ni disfrazó su estrategia. Todo lo hizo público a través de comunicados. Aun así, en mayo del año pasado el Cisen desmanteló su unidad de movimientos armados, y a su experta en el EPR la trasladó a tareas administrativas en la unidad de relaciones internacionales. La variable de la guerrilla no figuró en los informes al presidente Peña Nieto en las primeras semanas tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ni es factor central en el análisis para la toma de decisiones sobre lo que sigue en el conflicto magisterial hoy en día.

El gobierno actúa como si su interlocución fueran sólo los maestros y la reforma educativa el puerto de destino. Pero desde hace tiempo varios líderes magisteriales responden a los intereses del EPR, cuyo objetivo es la desestabilización, el descarrilamiento del gobierno y el poder. Hasta ahora, a partir de los resultados, el EPR va ganando la partida a un gobierno que no termina de comprender quién es realmente su enemigo.

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